Un total de 139 expertos han participado esta mañana por vía telemática en la sesión informativa on-line “Especialidades del Ingreso mínimo vital en solicitantes víctimas de violencia de género y trata”, que ha sido inaugurada por el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias. En una primera intervención, el subdelegado ha señalado la “importancia” que tiene que mujeres en situación de especial vulnerabilidad “puedan acceder a una prestación que completa nuestro sistema de protección social”.
En el seminario han participado representantes de los colegios profesionales de la Abogacía, Gestores Administrativos y Graduados Sociales, concejalas y concejales de distintos ayuntamientos y trabajadores sociales de los Centros Municipales de Información a la Mujer, responsables de entidades colaboradoras en materia de trata, la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local y sindicatos. La ponente ha sido la directora provincial del Instituto nacional de la Seguridad Social, Rosa María Serrano.
El seminario ha trasladado los criterios, requisitos y procedimientos que van a servir para facilitar el acceso de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual al Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Gobierno de España para garantizar unos ingresos mínimos mensuales a hogares en situación de especial vulnerabilidad. En el caso de muchas de estas mujeres, unen a su situación personal una acusada falta de recursos económicos, circunstancia a la que se ha querido dar una respuesta específica facilitándoles el acceso al IMV.
Durante el estado de alarma se aprobó, por parte de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, el Plan de Contingencia contra la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja, ampliándose a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Este Plan, además de declarar como “servicios esenciales” todos aquellos servicios de información, asesoramiento jurídico y atención integral a las víctimas de violencia de género y de dar un impulso a la ejecución de los fondos del Pacto de Estado para poner en marcha todas las medidas contra la violencia de género derivadas de la crisis por el Covid-19, recogía facilitar el acceso al IMV a las mujeres que lo necesitasen, una vez que esta ayuda fuera aprobada por el Gobierno.
Los criterios incluyen a todas aquellas mujeres que estén en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a las víctimas de violencia de género hayan denunciado o no a su agresor.
