El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, planteó el pasado viernes la necesidad de hacer una revisión de los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos “o al menos para no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna”.
En rueda de prensa en La Moncloa, junto al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, Campo ha reconocido la existencia de un problema social con la irrupción de las “fake news” y ha recordado que los ciudadanos tienen el derecho constitucional a recibir información veraz.
Se ha comprometido en este contexto a revisar si los instrumentos existentes ahora son “suficientemente fuertes” para salvaguardar ese derecho, y ha considerado que en un estado de alarma, en el que las noticias falsas pueden hacer mucho daño, está “más que justificado” hacer esa revisión, a su juicio, “con la calma y la serenidad necesaria” que exige cualquier cambio legislativo. Está claro que quieren meternos mano a los periodistas.
¿Quién decide lo que es o no veraz? ¿El “Ministerio de la Verdad” de Orwell en su novela ‘1984’? ¿O lo decide cada lector independientemente pensando por su propia cuenta? ¿A quién pueden hacer daño las noticias que no les gustan, a los ciudadanos o a los políticos?
De esto se deduce que será más fácil dar opiniones que noticias, porque a ver si son capaces de perseguir a alguien por opinar de una u otra manera. Pero aquí está la pregunta clave ¿qué pasa si uno opina que la información que está dando es la correcta?
A mi juicio, lo que quieren cargarse el género de periodismo alternativo de misterio, donde es imposible trabajar con certidumbres absolutas, sino más bien con incógnitas sobre lo que está pasando o puede pasar entre bambalinas. Pero las preguntas son siempre muy incómodas para el poder, porque a los políticos no les gusta que pensemos por nosotros mismos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Según George Orwell la libertad de expresión consiste en decirle a la gente lo que no quiere oír, porque es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada según Mark Twain.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua la libertad de expresión es la facultad de emitir o recibir información por cualquier medio de difusión, sin censura previa gubernativa, y la libertad de pensamiento es el derecho de toda persona a tener y manifestar cualquier ideología, y a no ser obligada a declarar sobre ella.
Lo tiene crudo el ministro de Justicia a menos que pueda cambiar la Constitución Española o retorcerla. El artículo 20 de la Constitución Española es muy claro ya que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y además el ejercicio de estos derechos no se puede restringir mediante ningún tipo de censura.
Estas libertades tienen su límite lógico en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Sólo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial.
La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o de una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos tendrán derecho a opinar sin interferencia y todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo a través de cualquier medio de comunicación, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección.
Según la “lista enemiga de Internet” de Reporteros sin Fronteras, los siguientes estados participan en una censura generalizada en Internet: China, Cuba, Irán, Myanmar/Birmania, Corea del Norte, Arabia Saudita, Siria, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. En una lista de cincuenta países, España ocupa el lugar 44 con menor libertad de expresión.
RETROCESO
El pasado día 20 de enero la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información pidió al nuevo Gobierno de coalición reformas legislativas en defensa de las libertades tras el retroceso sufrido en los últimos años.
“En España se ha condenado a penas de cárcel por un chiste o una canción. También se ha multado y detenido a periodistas cuando estaban informando. O se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones. Y las normas que permiten todo ello siguen vigentes, por lo que puede seguir ocurriendo”, denunció la presidenta de la Plataforma, Virginia Pérez Alonso. En ese sentido, la Plataforma cree que la legislación española debe ajustarse a los estándares internacionales sobre libertad de expresión e información.
En España, la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”) y la reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de ese año.
LEY MORDAZA
La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración, y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial, provoca autocensura informativa y desmovilización ciudadana.
Amnistía Internacional lo documentó en su informe “España: activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira”, que recogía testimonios sobre identificaciones masivas de manifestantes y sobre acusaciones policiales a periodistas que solo querían hacer su trabajo. Para Amnistía Internacional la Ley Mordaza no respeta los estándares internacionales de derechos humanos y daña las libertades de expresión, información, reunión pacífica y asociación.
En este análisis, la organización concluye que esta ley se está utilizando contra el activismo social y, específicamente, contra activistas que defienden el derecho sagrado a la vivienda, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica.
“MINISTERIO DE LA VERDAD”
La búsqueda de Orwell se centra en describir muy analíticamente cómo funcionan y se sostienen los regímenes totalitarios. De ahí la importancia que cobra, aun en la actualidad, el nombre de “Gran Hermano” para el gran dictador de turno. El ministerio de la Paz promueve la guerra, el ministerio de la Verdad miente o el del Amor donde se tortura y asesina.
https://es.wikipedia.org/wiki/
El Ministerio de la Verdad se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo (incluyendo fotografías, libros y periódicos), para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por el Estado.
El nombre de Ministerio de la Verdad es un término equivocado, porque en realidad sirve al contrario: es responsable de cualquier falsificación necesaria de los acontecimientos históricos. Además de ser el encargado de administrar la verdad, el ministerio extiende un nuevo lenguaje entre la población llamado neolengua, en el que, por ejemplo, la “verdad” se entiende en el sentido de las declaraciones como 2+2=5, cuando la situación lo requiere por razón de Estado.
Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)