El daño causado no solo se ciñe al inmenso daño patrimonial sufrido por los cientos de miles de pequeños ahorradores, ha sido muy perjudicial para la economía y el prestigio de nuestro país y se necesita un análisis en profundidad del funcionamiento de todos los mecanismos de la Administración para adoptar las medidas necesarias que eviten que sucesos similares vuelvan a producirse.
Los procesos judiciales en curso no son suficientes, ya que muchas cuestiones quedaran sin resolver: ¿cómo es posible que se pueda legislar en contra de los intereses de los ciudadanos?, ¿garantiza algo el actual sistema de auditorías de cuentas?, ¿cómo puede haber tal nivel de descoordinación entre organismos oficiales ante la comisión supuesta de delitos graves?, ¿tenemos unas organizaciones de consumidores útiles?, ¿efectúa la Agencia Tributaria adecuadamente los controles de empresas de gran volumen y alto riesgo?, ¿son suficientemente transparentes las sociedades que captan ahorro de los ciudadanos?, etc.…
Claro que para todo ello se necesita una clase política que asuma responsabilidades y que tenga verdadera vocación de servicio al ciudadano.