El PSOE advierte a Moreno Bonilla de que suspender la tramitación de la renta mínima “no sólo es injusto, sino ilegal”
La diputada autonómica del PSOE de Almería Noemí Cruz ha advertido de que la decisión del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla de suspender la tramitación de la renta mínima de inserción social hasta que los solicitantes atestigüen que no han podido acceder al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de España constituye una decisión “no sólo injusta, sino ilegal”.
La representante socialista argumenta que “no se puede dejar en suspenso la renta mínima de inserción, no se puede denegar a ningún andaluz que la solicite y menos aún impedir su tramitación a ningún ayuntamiento o anunciar que las delegaciones provinciales no la tramitarán, ya que se trata de un procedimiento en vigor, de modo que ningún cargo político puede dar esta instrucción, puesto que ello sería constitutivo de delito, al no basarse en norma alguna”.
“Cualquier andaluz tiene derecho a pedir la renta mínima y a que se la concedan si cumple los requisitos, y nadie puede vulnerar su derecho a que se tramite”, ha advertido Cruz, quien ha recordado, además, que la renta mínima de inserción social y el ingreso mínimo vital “no son incompatibles”. “Otra cosa es que, al calcular la renta mínima, se tengan en cuenta las cuantías percibidas por el ingreso mínimo vital y ésta pueda ser denegada por superar los ingresos”, ha aclarado.
La diputada almeriense ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que la renta mínima de inserción social contempla algunos supuestos que no están cubiertos por el ingreso mínimo vital, por lo que no se puede obligar a los ciudadanos que se encuentren en estos supuestos a que soliciten una prestación a la que no tienen derecho y, entretanto, no puedan acceder a la que sí tienen derecho a percibir. Esto afecta especialmente a colectivos como los jóvenes de entre 18 y 23 años con menores o personas con discapacidad a cargo, huérfanos de ambos progenitores, que hayan estado al menos en el año anterior al de cumplimiento de la mayoría de edad bajo la tutela de un sistema de protección de menores, que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% o que constituyan una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo. También afecta a los solicitantes que hayan vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud o a quienes tengan 16 o 17 años, se encuentren emancipados y tengan menores o personas con discapacidad a cargo.
“Con la decisión del Gobierno de Moreno Bonilla, todos estos casos se verían sin derechos, lo que supone un ataque a la juventud más vulnerable de Andalucía”, ha advertido la parlamentaria socialista.
Además, Noemí Cruz ha recordado que la renta mínima de inserción, no sólo asegura una prestación económica, sino que incorpora un itinerario de inserción sociolaboral. “¿Qué ocurrirá con estos itinerarios?”, se ha preguntado la diputada del PSOE, ¿pretende la Junta dejar de ayudar a los ciudadanos en la búsqueda de un empleo digno que les permita salir de la pobreza y la exclusión social?”
Posibles ajustes en la norma
Cruz ha aclarado que, desde el PSOE, se considera oportuno “ajustar la norma andaluza a colectivos que no estén cubiertos por el ingreso mínimo vital, ampliarla aumentando los topes de renta o bien complementarla para familias con menores, monoparentales o cualquier otra cuestión que se determine en una futura reforma de la norma actual”. “Incluso se puede tener derecho a la renta de emergencia y a su tramitación, si es más interesante para los beneficiarios por su rapidez en la resolución, ya que ésta tiene un plazo abreviado, aunque con posterioridad se renuncie a la misma y se continúe con el ingreso mínimo vital; todos estos supuestos son posibles, pero lo que no es posible ni legal es evitar la tramitación de la renta mínima, ni vía instrucción ni por la vía de los hechos amontonando expedientes”, ha advertido.
Por todo esto, Cruz ha pedido a la consejera de Igualdad que dé marcha atrás en una medida que supone acabar con la renta mínima andaluza y recuerde que se trata de un derecho ciudadano reconocido por ley y por el propio Estatuto de Autonomía, cuya eliminación, además, puede acabar en los juzgados: “No se puede eliminar un derecho con una carta; lo que cabe es pedir perdón y comprometerse: comprometerse a no recortar derechos ni presupuesto y comprometerse con Andalucía”, ha insistido.
