El perfil mayoritario de la persona que acude al Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) es el de una mujer de entre 30 y 44 años, soltera, en paro y con estudios primarios. Ésta es una de las conclusiones que se extrae de la memoria del servicio que ha presentado la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación, Carmen Belinchón, al Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía.
El balance del SAVA refleja también que la mayoría de las víctimas viven en capitales de provincia y que han sufrido daños psicológicos de su expareja. La mayor parte de los agresores o victimarios son hombres, de la misma franja de edad -de entre 30 y 44 años- que viven en capitales de provincia.
El SAVA atendió a 10.667 personas en Andalucía en 2015, de las cuales el 87,38% era mujer, según el balance que realiza la Consejería de Justicia e Interior, de la que depende este organismo que proporciona una prestación gratuita de carácter integral. Los menores atendidos por este servicio ascendieron a 537 en 2015.
El SAVA es un servicio público que ofrece apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran y el instrumento mediante el que se aplica la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima. El pasado año llevó a cabo un total de 73.254 actuaciones, la mayoría de carácter general -34.188-, seguidas de las de asesoramiento jurídico -17.252-, de atención psicológica -11.302- y de asistencia social -10.512-.
El objetivo fundamental de este recurso de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado configurado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
En cuanto a la tipología de los delitos sufridos por las víctimas que han acudido al SAVA, la mayoría son contra las personas (67,51%), a los que siguen los casos de atentado contra la libertad o la seguridad (12,51%), contra la libertad sexual (5,33%), las relaciones familiares (4,54%), contra la Administración de Justicia (3,32%) y contra el patrimonio (3,15%).
El balance provisional de este servicio refleja, igualmente, que el 76,54% de las personas atendidas en alguna oficina del SAVA presentó una denuncia ante la Administración de Justicia por el delito sufrido y que el 67,80% era, además, víctima de un delito continuado.
La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente, consolidado como dispositivo para aplicar el Estatuto de la Víctima, tiene en funcionamiento nueve oficinas que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar.