La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Economía, María Vázquez, ha lamentado que “la oposición municipal en bloque se haya posicionado en contra de la aprobación inicial de la nueva Ordenanza reguladora del establecimiento de precios públicos, impidiendo con ello mayor agilidad en la entrada en vigor de los mismos”.
Vázquez ha explicado que “si bien la competencia para el establecimiento de los precios públicos corresponde al Pleno de la Corporación, lo que pretende esta Ordenanza es agilizar el procedimiento administrativo para la entrada en vigor de las modificaciones que se introduzcan en las ordenanzas de precios públicos. Lo que queremos es facilitar a los almerienses que los beneficios que suponga una revisión de los precios llegue cuanto antes al ciudadano”.
La actitud de la oposición negando con su voto el que la ordenanza siga adelante, evitando la posibilidad de mejorar o corregir aquellos aspectos que producen discrepancia en estos momentos, ha sido criticada por la edil popular al entender que están “poniendo trabas a la labor de gestión del equipo de Gobierno sin aportar soluciones y dilapidando todos los esfuerzos en agilizar la gestión de la administración pública”.
Al contrario de lo manifestado por Ciudadanos, PSOE e IU, Vázquez ha defendido “la transparencia de una ordenanza que otros ayuntamientos como el de Madrid, Cádiz o Marbella, no gobernados por el Partido Popular, vienen aplicando tal y como lo permite la Ley, esto es, permitiendo que la Junta de Gobierno Local, delegada por el Pleno, tenga entre sus competencias la modificación de las cuentas de las tarifas y de las normas de gestión de los precios públicos. La gran mayoría de veces que se lleva a cabo una revisión de los precios públicos tiene un carácter social y con la nueva Ordenanza la pretensión es la de agilizar y ganar tiempo en favor del ciudadano”.
En este sentido, ha negado que “el Pleno tenga con ello menos competencias o se le resten puesto que se daría cuenta de dichas modificaciones, primero, en las Comisiones Plenarias correspondientes donde se dictaminan antes de ser llevadas a Junta de Gobierno. Ese acuerdo de modificación sería entonces publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento. Los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno para la modificación de los precios públicos, finalmente, precisarán del dictamen previo de la correspondiente Comisión Plenaria”.
Esta Ordenanza debatida hoy en el pleno refería la aplicación a los precios públicos por la prestación de los servicios y la realización de actividades referidas a entradas en teatros, espectáculos, proyecciones cinematográficas, eventos y exposiciones; inscripciones y/o participación en cursos, talleres, jornadas, seminarios y actividades; actividades socioculturales, de promoción del deporte y de esparcimiento; utilización de aparcamientos subterráneos y, en general, cualquier servicio, actividad o prestación de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, que se realice en concurrencia con el sector privado.
Nuevo edificio Gerencia Urbanismo
Por otra parte, el Pleno de la Corporación municipal ha aprobado hoy con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (13), Ciudadanos (3) y la abstención de PSOE (9) e IU (2) autorizar a la Empresa Municipal ‘Almería XXI’ la concertación de una operación de crédito a largo plazo con la entidad Cajasur por un importe total de 3,5 millones de euros, por un plazo de 25 años al tipo de interés fijo del 2,10%, para la ejecución de las obras de construcción del edificio que albergará las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en Plaza Marín. Las condiciones ofertadas por la entidad Cajasur suponen una cuota anual de 195.000 euros
La solicitud de autorización sigue al acuerdo adoptado, también por unanimidad, en el seno del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda, ‘Almería XXI’, como paso previo a la contratación de esta operación de crédito.
La construcción de este nuevo edificio, cuyo proyecto ganador del concurso de ideas convocado por Almería XXI fue presentado el pasado día 20 de marzo, tiene una doble finalidad, según ha explicado el concejal de Vivienda, Miguel Ángel Castellón: “Seguir con la política de reducción de gastos en concepto de alquiler que soporta el Ayuntamiento, dotando en este caso al Consistorio de nuevas dependencias para uso administrativo, –actualmente y en concepto de alquiler las dependencias de Urbanismo en la Rambla suponen un coste anual de casi 300.000 euros– y seguir apostando por la revitalización y regeneración del Casco Histórico, entendiendo que este edificio servirá como elemento dinamizador en esta parte de la ciudad y que sigue a otras actuaciones que caminan en ese objetivo, como las obras de la Plaza Vieja o los planes de mejora para los entornos de La Alcazaba y el cerro de San Cristóbal”.