Para comenzar propiamente con este alegato se hace necesario poner en contexto a España con sus homólogos europeos e internacionales, y es tras la Segunda Guerra Mundial cuando surge después del horror del fascismo la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableciendo desde ese momento el compromiso internacional de respeto a los DDHH como requisito indispensable para la consideración democrática de cualquier país; siendo por tal motivo, con el paso a la democracia en el 78, con la confección de la nueva Constitución, que se pasó del simple estado de derecho a incluir el elemento “SOCIAL Y DEMOCRÁTICO” en ella.
Partiendo de ese elemento “vinculante” señalado que tan (mal)intencionadamente siempre se obvia, nos adentramos en la realidad de este país con uno de esos males a los que los dos partidos nacionales nos han ido llevando en sus diferentes mandatos con sus nefastas leyes sobre seguridad ciudadana –Ley Corcuera (PSOE) “Patada en la puerta”; Ley Fernández Díaz (PP) “Ley Mordaza”—, aprobadas sin consenso social ni político y por tanto sin el debido límite del respeto a los DDHH; un factor de riesgo para el conjunto de la población, pero también para los funcionarios públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han de basar su servicio conforme a una inadecuada legislación que confronta con las libertades y derechos ciudadanos como establecen la propia carta magna y los diferentes tratados internacionales a los que estamos adheridos, y por tanto, obligados a cumplir con los estándares marcados.
Centrándonos en el momento actual, con la reforma en 2015 de la denominada como Ley Mordaza por un buen sector de la sociedad civil nacional (a día de hoy con 270 organizaciones firmantes en contra), y aceptada dicha denominación internacionalmente por diferentes organizaciones y organismos como la propia ONU, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Human Rights Watch, o Transparency Internacional, todos ellos en contra de lo que suponía dicha reforma, “una grave vulneración de los derechos y libertades fundamentales de innumerables formas”; nos encontramos con la convocatoria de una manifestación y diversas concentraciones en los próximos días a los que acudirán, como hemos ido conociendo, la mayoría de asociaciones y sindicatos de todos los cuerpos de seguridad del país, en contra de su derogación apelando a la “seguridad de todos”.
Dicha reforma, que en realidad suponía un amplio paquete reformas en diferentes ámbitos legislativos, que se complementaban, alcanzó hasta una modificación de la propia Ley de Personal en la Policía Nacional, con algunos retoques muy evidentes y otros más sutiles, que supuso un claro retroceso para los derechos de sus funcionarios y una tendencia que la aleja de la concepción de un cuerpo policial de carácter civil.
Ante este panorama, y teniendo muy presentes nuestros valores democráticos, ARP aquí no podría estar más plenamente de acuerdo con el que fuera sindicato mayoritario de la Policía Nacional (SUP) con ocasión de la aprobación de la Ley Mordaza, allá por el 30 de junio de 2015, cuando el mismísimo The New York Times en su versión estadounidense recogía su también preocupación al considerar que “No es el mejor momento, ya que vivimos en tiempos claros de cambios sociales, políticos y económicos, que se complican cuando una ley planificada no ha reunido el consenso político o social necesario”. Ese mismo SUP que verbalizaba sus críticas a la Ley Mordaza, ahora se suma a las protestas contra su derogación…
Pero muchos acontecimientos sociales y políticos han sucedido y cosas han cambiado desde entonces como para pedir ahora coherencia, responsabilidad y sensatez a determinadas organizaciones policiales, que desplazados ya en el tablero sindical por las marcas de Jusapol se han ido desmarcando de toda imparcialidad que se nos debe por nuestra condición, hasta el surrealista punto de ver al propio SUP juntándose a los tres partidos de la foto de Colón en 2019 para salir ufano en ella. Estos hechos no hacen más que confirmar una perniciosa deriva, y en esta ocasión también, con otra partidista utilización de todo el colectivo policial para desgastar a un gobierno de un signo político que no agrada a los que están detrás de esta antidemocrática estrategia.
A las mencionadas convocatorias desde luego no ha sido invitada la Agrupación Reformista de Policías, ni se nos nombra, lo que de alguna forma demuestra nuestra posición inequívoca de independencia y de respeto a los valores democráticos como servidores públicos, no habiendo estado exentos de opiniones y denuncias durante todo este tiempo contra algunos de esos mismos sindicatos o las administraciones del anterior y actual ejecutivo.
Mucho está en juego en estos momentos y la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, sin haber tenido en cuenta en ningún momento a esta agrupación que puso en evidencia desde su creación –con un sindicalismo honrado y constructivo— la nefasta y caduca estructura policial, han permitido, sino llevarnos directamente, a una situación insostenible, principalmente en las FFCCSE, con mecanismos inútiles que frenan cualquier tipo reivindicación o mejoras socio-laborales, ni que decir que en las mismas condiciones que el resto de funcionarios públicos o de ciudadanos; habiendo servido de excusa eso para arremeter contra la derogación de la Ley Mordaza, apelando a las condiciones y seguridad en las actuaciones policiales, muy paradójico teniendo en cuenta la absoluta pasividad para echar abajo esa estructura –de la que esos sindicatos también son privilegiados—, o para derogar la retrógrada reforma 9/2015 de la Ley de Personal, que son los pilares que han imposibilitado alcanzar el adecuado bienestar y seguridad laboral a los que ahora sí, tan molestos aluden.
Esta Ley Mordaza, además, ha propiciado un lógico desprestigio y malestar hacia las instituciones policiales por buena parte de la sociedad al verse desposeídos en muchos aspectos del debido servicio público y sustituido por prácticas o procedimientos impropios en un estado democrático –como así han remarcado todas esas organizaciones y organismos ya mencionados—, cosa que vemos, poco han valorado esas organizaciones policiales. En este aspecto en ARP también hemos sufrido directamente lo que significa esta ley con la censura arbitraria en algún momento dado del subdelegado de gobierno de turno por indicación del desaprensivo mando policial.
Con todo esto no podemos más que celebrar, pese a todo el ruido y humo de este artificio de indignación (no)policial, la pronta derogación de todos esos aspectos antidemocráticos y más negativos que abarcan cada una de las reformas que se llevaron a cabo en 2015 y que afectan como ya hemos visto a toda la ciudadanía, incluidos los y las policías, hecho que podrá llegar a sustanciarse en el congreso, en todo caso, únicamente con el acuerdo parlamentario emanado de la voluntad popular de las urnas, y más enmarcados en los estándares democráticos internacionales.
ARP, a través de su recién renovado órgano coordinador, informará a sus afiliados y al resto del colectivo que quiera escuchar esta voz crítica e inquieta, para que, y como no puede ser de otra forma, pueda expresarse en libertad de conciencia, una vez analizados los acontecimientos que se les han presentado y tenido en cuenta este punto de vista discrepante y razonado.