Pese a un contexto internacional complicado, España es la prueba de que las reformas funcionan. La economía ha crecido a una tasa promedio de 2.6% en los últimos tres años y en los dos últimos años su expansión fue de 3.2%. El saldo exterior ha registrado un sólido superávit, a pesar de la desaceleración en el crecimiento de las exportaciones a nivel mundial. En 2016 las exportaciones españolas crecieron 4.4% con respecto al año anterior, un nivel superior al promedio de 2.4% de Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.
Estudio Económico de la OCDE sobre España
Las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años han permitido devolver la estabilidad al sector bancario, mejorar la eficiencia de los mercados de productos, contribuir a la creación de empleo y promover el emprendimiento. Entre 2013 y 2016 se han creado cerca de 1.2 millones de empleos en España.
La situación de las finanzas públicas españolas también ha mejorado desde la presentación de nuestro informe anterior en 2014. De acuerdo con nuestras estimaciones, el déficit público habrá bajado hasta el 4.6% en 2016, gracias a la solidez del crecimiento y a las medidas de consolidación fiscal. Recomendamos mantener una gestión presupuestaria prudente que combine un mayor peso de los impuestos medioambientales y al consumo con una menor carga sobre el empleo y una mejor eficiencia del gasto.
A pesar de estas señales positivas, todavía hay muchos desafíos pendientes para asegurar que los beneficios de la recuperación lleguen a todos. El mensaje más importante que quiero transmitirles hoy es la necesidad de mantener el impulso reformista. Es clave que las reformas se mantengan. También es fundamental consensuar nuevas medidas para que la economía española siga adaptándose a un contexto global cambiante y complicado.
Para avanzar en ese sentido, el estudio subraya tres ámbitos prioritarios de acción: (1) aumentar la productividad y mejorar la cantidad y calidad de la inversión; (2) sostener el ritmo de crecimiento del empleo y mejorar las capacidades de la fuerza laboral; y 3) fortalecer las acciones para reducir la desigualdad y la pobreza. Permítanme compartir con ustedes las principales conclusiones del informe en cada una de estas áreas.
Aumento de la productividad e inversión en innovación
Para elevar de un modo sostenible los ingresos y crear empleos de calidad, España debe abordar el desafío crónico del bajo crecimiento de la productividad. Durante mucho tiempo, y en todos los sectores de la economía, el capital se ha invertido en empresas de baja productividad. Entre 1995 y 2007, la mala asignación del capital redujo el crecimiento de la productividad en casi 2% cada año. Si la situación ha mejorado últimamente, los niveles de inversión en innovación y en áreas con elevados rendimientos de productividad, como las TICs, siguen siendo insuficientes. El nivel de gasto privado en I&D en España es de sólo 0.64% del PIB, la mitad que el promedio OCDE de 1.3% y muy por debajo del 3.3% en Corea del Sur.
Para mejorar la cantidad y calidad de la inversión en innovación, es necesario afinar la coordinación entre la inversión pública y la procedente de los mercados de capitales con las necesidades de las nuevas empresas y los emprendedores. Parte de los fondos públicos para I+D podrían ofrecerse como subvenciones, y no como préstamos, a fin de que la financiación pública apoye a las empresas y en particular a las PYMES en su etapa inicial de desarrollo, cuando la financiación del mercado es más escasa.
También ayudaría atraer más capital extranjero por medio de la reducción de los obstáculos regulatorios que limitan la competencia y reformando las leyes de insolvencia.
Reducción del desempleo y mejora de las competencias
Reducir el desempleo sigue siendo otro de los principales desafíos de España. A pesar de los avances, que han hecho posible un incremento del 10.5% en el número de empleados desde inicios de 2014, la tasa de desempleo fue de 19% a finales de 2016 y sigue siendo especialmente elevada entre los jóvenes (alrededor de 43%). Cerca de la mitad de todos los desempleados llevan en esa situación más de un año y una tercera parte de ellos más de dos. Tenemos que evitar una generación perdida de trabajadores en España. ¡Y podemos hacerlo!
El gasto en programas de formación e inserción laboral ha aumentado y su enfoque se orienta cada vez más a conseguir que las personas encuentren un puesto de trabajo. Sin embargo, el gasto en programas de activación respecto del total de desempleados fue de 3.9% del PIB en España, frente a un promedio OCDE de 14.5%. Es necesario mejorar las políticas de activación, tanto cuantitativa como cualitativamente, incrementando el número de profesionales de los servicios de empleo por cada desempleado y recurriendo en mayor medida a herramientas de creación de perfiles de los desempleados y a asesores especializados. También hay que seguir mejorando la coordinación entre administraciones.
La otra cara de la moneda radica en la formación y capacitación profesional de los jóvenes y adultos españoles. A pesar de que la tasa de abandono escolar temprano está reduciéndose, en 2015 fue de 20%, el nivel más alto en la Unión Europea. Más del 40% de los jóvenes está desempleado y muchos de ellos presentan una baja calificación.
Nuestro informe también destaca la necesidad de mejorar la calidad de la docencia, mejorando la capacitación del profesorado, y de redoblar los esfuerzos para seguir desarrollando y modernizando el sistema de enseñanza y formación profesionales (EFP). El sector empresarial es un aliado clave en este esfuerzo: debe ofrecer más oportunidades como parte de los programas de formación profesional e invertir en la formación continua y en la actualización de las competencias de sus empleados.
Combatir la pobreza para conseguir un crecimiento más inclusivo
El tercer gran desafío consiste en reducir los altos niveles de desigualdad y pobreza. No debemos olvidar que esta ha sido la crisis más profunda de nuestras vidas y que la desigualdad y la pobreza han aumentado en toda la OCDE. Pero la crisis fue especialmente dura en este país, en particular con la destrucción de millones de empleos.
La pobreza es particularmente pronunciada en los hogares cuyos miembros están en el paro, y de manera especial entre los que tienen hijos. Esto se ve reflejado en la elevada tasa de pobreza infantil de 23.4%, superior al promedio OCDE de 13.3%. Por otra parte, los altos niveles de desigualdad siguen estando por encima de los niveles pre-crisis. Esto en buena medida se debe a los bajos salarios de las personas con menores ingresos, cuya brecha salarial respecto de los salarios medios es una de las mayores entre los países OCDE. Estos son retos urgentes, no sólo por una cuestión de justicia y equidad, sino porque la estabilidad misma del pacto social está de por medio.
Es fundamental garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos. Para ello es indispensable que España amplíe la cuantía y la cobertura de los programas de renta mínima de inserción de las Comunidades Autónomas y simplifique los procedimientos para que las personas con derecho a ellos se beneficien. Es también necesario reforzar las ayudas económicas para las familias con hijos y mejorar los servicios de cuidado infantil. Celebramos el reciente anuncio de crear un Grupo de Trabajo entre los gobiernos autonómicos y el central que evalúe la suficiencia de las ayudas al ingreso existentes. Otra acción crucial será revisar la progresividad del sistema impositivo y de transferencias. Si bien contribuye a reducir la desigualdad en los ingresos y la pobreza, en su estructura actual beneficia al decil de mayores ingresos.
