De estos talleres, 18 han realizado los trámites del Registro
Industrial para regularizar su situación
La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, competente en materia de
industria, ha tramitado en 2019 y 2020 un total de 35 expedientes por denuncias a
talleres ilegales de reparación de vehículos en la provincia de Almería, por encontrarse
en situación de ilegalidad al no haber presentado la necesaria declaración
responsable. Para ello ha contado con la colaboración de la Policía Adscrita a la
Comunidad Autónoma, que ha realizado labores de información y comprobación de la
continuidad de la actividad de los talleres.
En el año 2019 se tramitaron 21 expedientes y en 2020 se abrieron otros 14. En 18 de
estos 35 casos detectados, los titulares de los talleres han realizado los trámites para
figurar en el Registro Industrial y regularizar su situación, por lo que podrán continuar
abiertos.
De los expedientes iniciados en 2019 se ha procedido por parte de la Policía Adscrita
a la Comunidad Autónoma a la clausura de un taller debido a que no ha cumplido la
resolución de imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad de taller de automóviles
pese a haber sido apercibido para el cese de dicha actividad.
Se ha comprobado con la colaboración de la Policía Adscrita a la Comunidad
Autónoma que 8 de los talleres han cerrado tras iniciar el procedimiento. De los
expedientes de 2019, en dos casos se presentaron alegaciones y se comprobó que
tenían otra actividad, y están pendientes de notificar o constatar si siguen abiertos 6
talleres del total detectados en los dos ejercicios.
Los establecimientos que no cumplen la normativa perjudican gravemente al resto que
sí lo hacen al suponer una competencia desleal para el sector y un menoscabo a las
arcas públicas, ya que no pagan las tasas e impuestos correspondientes y vulneran
los derechos de los consumidores. Además, el tratamiento incorrecto de los residuos
tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y
para la seguridad de las personas.
Según recoge el Decreto 9/2003 de 28 de enero por el que se regula la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de
vehículos automóviles y se articulan los derechos de consumidores y usuarios, antes
de la apertura de un taller la persona física o jurídica que quiera ejercer esta actividad
debe presentar una declaración responsable conforme a lo establecido en la orden de
20 de febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación telemática de los
procedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la
presentación de declaraciones y comunicaciones en materia de industria, energía y
minas.
En dicha declaración responsable debe figurar la clasificación del taller y manifestarse
que se cumplen determinados requisitos, que se dispone de la documentación que así
lo acredita, que el promotor se compromete a mantener su cumplimiento durante la
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se
efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que establece la legislación. La
administración puede requerir a posteriori la documentación acreditativa y realizar
labores de comprobación de que lo manifestado es cierto.
Si no se presenta la declaración responsable o la documentación acreditativa, o si la
información reflejada en ella es inexacta, falsa o está incompleta, no se puede seguir
ejerciendo la actividad. En estos casos, la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades lo comunica al interesado, le da trámite de audiencia y le concede 10
días desde la notificación para que pueda alegar y presentar la documentación que
regularice su situación. En caso contrario, la Delegación procede a apercibirle y si
sigue sin cerrar el taller voluntariamente, inicia la ejecución forzosa del cese de
actividad, para lo que solicita la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realiza la clausura del taller.
En la mayoría de ocasiones, son la Policía Autonómica y la Guardia Civil, en sus
labores de vigilancia del adecuado tratamiento de residuos tóxicos que se generan en
los talleres (aceites usados y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el
medio ambiente y la seguridad de las personas), quienes detectan la existencia de
talleres de reparación de automóviles que carecen de la declaración responsable y lo
comunican a la Delegación Territorial, a los efectos oportunos. Es ésta la que inicia los
procedimientos antes explicados.