La medidas adoptadas en el “Estado de alarma” decretado por el gobierno español, están motivadas más por intereses políticos y económicos de las clases dominantes que por las necesidades sanitarias de la población:
- Centralización del Estado tras asumir competencias de las autonomías.
- Militarización de la crisis y de la sociedad, dotando al ejército de competencias policiales sobre la población civil.
- Restricciones a la movilidad de las personas , excluyendo a las trabajadoras y trabajadores de las grandes empresas, poniendo en riesgo la vida de los mismos y de sus familias.
- Medidas económicas que favorecen a las grandes empresas y a la banca, facilitándoles el despido de trabajadores y la obtención de préstamos avalados por el Estado.
- Nos “venden” la prohibición de despidos, cuando el único cambio consiste en considerarlos improcedentes en vez de nulos, con lo que el empresario deberá indemnizar con una cantidad mayor al trabajador despedido durante el Estado de alerta.
- Otra de las medidas estrella para “favorecer” a la clase trabajadora es el “permiso retribuido”. Otra gran mentira puesto que el trabajador deberá recuperar las horas no trabajadas durante el periodo de cierre de la empresa.
Estamos asistiendo a un nuevo “rescate” de la banca y de las empresas del Ibex 35 tras “paralizar” a la población mediante el miedo inoculado por los medios de comunicación del sistema. Un rescate que soportaremos la clase trabajadora con nuevos recortes para pagar el endeudamiento provocado por esta nueva inyección de capital.
La gestión sanitaria de la crisis, ha puesto de manifiesto que las políticas privatizadoras de la sanidad y de los servicios públicos causan muerte y sufrimiento a las clases más desprotegidas. La falta de personal sanitario, de camas hospitalarias y de material de protección está causando infecciones y muertes, mientras la sanidad privada continúa ejerciendo su lucrativo negocio.
La falta de soberanía de Andalucía en la toma de decisiones para evitar el contagio está siendo uno de los motivos por los que no se están adoptando las medidas necesarias. Cuando la Comunidad de Madrid, principal foco del coronavirus, decreta el cierre de colegios, 62 países habían cerrado sus fronteras a viajeros procedentes del Estado español para evitar el contagio. Ni el gobierno central quiso evitar la salida de madrileños, ni la Junta de Andalucía pudo evitar que llegaran a nuestras ciudades. Miles de madrileños viajaron a su segunda residencia en las costas andaluzas provocando que la pandemia avanzara en Andalucía. Las consecuencias las notaremos en las próximas semanas cuando más andaluzas vayan llegando a las urgencias hospitalarias.
En la provincia de Almería nos encontramos con sectores de la población laboral en riesgo de contraer la infección al no pararse la actividad económica ni contar con las pertinentes medidas de seguridad:
Este el el caso del sector agrícola donde una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras bajo plástico arriesgan a diario su vida al no contar con material de protección ni implementarse ningún protocolo sanitario que evite el contagio. Especial mención hay que hacer a las circunstancias vitales de un gran número de inmigrantes que trabajan en nuestra provincia, especialmente en el campo de Nijar y en el Poniente, donde viven hacinados en infraviviendas que no cuentan con luz ni agua corriente, careciendo también de asistencia sanitaria. No solo han sido abandonadas por el Estado; ni ayuntamientos ni Diputación se han preocupado por mejorar las condiciones de vida de estas personas.
Las trabajadoras y trabajadores del manipulado de frutas y hortalizas continúan con el mismo ritmo de trabajo, trabajando en muchos casos más de 10 horas diarias sin medidas de seguridad ni material de protección.
A estos sectores de riesgo, hay que añadir a otros muchos. Además de la falta de material de protección a los profesionales sanitarios de los hospitales de la provincia, la clase trabajadora de la provincia de Almería, al igual que la clase trabajadora del resto de Andalucía y del Estado español, está sufriendo una “avalancha” de ERTEs que puede ocasionar un brutal aumento del desempleo cuando se decrete el final del Estado de alarma. Nos tememos que estos ERTEs sean utilizados para hacer recortes de plantilla permanentes.
Pequeñas empresas, autónomos y trabajadoras sin protección van a ser los sectores que peor van a salir de la crisis, especialmente las trabajadoras del servicio doméstico y de cuidados que no cuentan con prestación por desempleo por no cotizar sus empleadores. Este gran colectivo de personas que si no trabajan no cobran, están sufriendo un situación de desprotección impropia de un Estado que se dice “social”.
No esperamos nada de este gobierno ni de otros que pudieran venir dentro de este Régimen capitalista y españolista, porque todos han dado muestras de que sus intereses están con la “gran” patronal y no con la clase obrera ni con las clases populares. La solución a la crisis sanitaria y a la crisis económica que se nos avecina está en la autoorganización de la clase trabajadora y en la lucha por nuestros derechos y por la soberanía económica, pues es la única forma de arrancarle al capital una vida justa y digna.
Si algo estamos aprendiendo de esta crisis la clase trabajadora andaluza es la necesidad de soberanía para defender nuestros intereses y la salud de nuestra población. Si el Estado español no puede garantizar una sanidad pública y de calidad en Andalucía, deberemos ser las andaluzas quienes pongamos soluciones en base al derecho de autodeterminación.
