La Agrupación reformista de Policías (ARP) se ve en la necesidad de informar se ha dirigido al Ministro del Interior, a raíz de los últimos acontecimientos del asalto a la valla del perímetro fronterizo con Marruecos, en la ciudad de Melilla, por un contingente de personas que mediante la fuerza, se emplearon contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, quienes en evitación de su entrada ilegal en territorio nacional, se vieron desbordados con el resultado de todos conocidos, ( heridos y detenciones) que obligaron a las máximas autoridades policiales, del Cuerpo de Policía Nacional y Guardia Civil), realizar una visita obligada al lugar de los hechos.
Cabe recordar que esta organización sindical, se dirigió en el año 2017, al conjunto de formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, solicitando la revisión del “Estatus Especial” de las fronteras de Ceuta y Melilla, en evitación de situaciones extremadamente delicadas que se vienen dando y que afectan al conjunto de personas migrantes y miembros de las policías estatales, víctimas de una situación impropia, como la que acepta España, como parte integrante de la Unión Europea.
El gobierno español aplicó en su momento un estatus especial a las fronteras de Ceuta y Melilla como figura en el Acta Final del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes donde se dice que: “las disposiciones del presente Reglamento no afectarán al régimen especial aplicable a las ciudades de Ceuta y Melilla “.
Desde el punto de vista de la ARP este artículo y sus consecuencias han significado un deterioro de la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla, en su condición de “fronteras exteriores de la Unión Europea” “aceptándose” políticas de migración no sujetas a valores sociales y jurídicos que imperan en el espacio Schengen. Ello genera un serio problema para los funcionarios encargados de controlar a diario el flujo migratorio de ciudadanos de los países subsaharianos, la mayoría sujetos a la máxima pobreza y en algunos casos en guerra, lo que supone una saturación de personas atendidas en los CIES en su condición de peticionarios de asilos. Además de que condiciona a estos, a actuar en precariedad, ofreciendo dificultad añadida por no haberse afrontado inversiones suficientes en materia de infraestructuras en las fronteras más allá de levantar unas vallas que son objeto de denuncias nacionales e internacionales y como se puede comprobar no son efectivas.
Está claro que la migración ilegal es un serio problema que afecta a los funcionarios destinados en ambas fronteras, a los habitantes de ambas ciudades y al futuro de éstas, por el estado del cierre de los pasos fronterizos llevado a efecto de forma unilateral por el país vecino.
Lacomplejidad de los acuerdos existentes, obligan a todas las partes implicadas, España, Unión Europea y Marruecos, a revisarse y actualizar de forma inmediata.
Para ello y vista la complejidad de las fronteras de las ciudades referidas y la labor que realizan los funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, y desde el punto de vista sindical y en defensa de los intereses de los trabajadores de la seguridad del Estado, la Agrupación Reformista de Policías solicita del Ministerio del Interior que se acometan las siguientes reformas legislativas:
PRIMERO. Supresión del Artículo 36 de Adhesión al Tratado de Schengen por parte del Gobierno de España dejando sin efecto el trato de especificidad las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla, alejadas de normas, códigos y reglamentos del resto de las fronteras exteriores de la UE. Dándoles un carácter de normalidad a las fronteras de Ceuta y Melilla, conforme a otras fronteras exteriores, conforme establece el Acuerdo Schengen.
SEGUNDO. Revisión de todos los apartados del reglamento de la UE y del Consejo de Europa, relativos a las fronteras de Ceuta y Melilla, en materia de mercancías y control de viajeros, que obligan a sus funcionarios a situaciones de compleja actuación jurídica.
TERCERO. Aplicación de la circulación transfronteriza en las ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a los principios uniformes de las fronteras exteriores de la UE: El control de las personas incluirá no sólo la comprobación de los documentos de viaje y de las restantes condiciones de entrada, de residencia, de trabajo y de salida, sino también la investigación y la prevención de peligros para la seguridad nacional y el orden público de las partes contratantes.
CUARTO. Sería obligado firmar acuerdo entre los reinos de España y Marruecos, sobre la creación de comisarías conjuntas en las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla y asegurar la coordinación permanente de las patrullas de vigilancia fronteriza y el control que los dos países convengan en organizar de forma complementaria con el fin de luchar particularmente contra la migración ilegal.
QUINTO. En las fronteras de Ceuta y Melilla se debe aplicar el Convenio Internacional sobre la Armonización de los Controles de las Mercancías en las Fronteras que señala el Convenio de Kyoto Revisado (CKR) tendentes contribuirán a racionalizar el proceso de despacho, eliminar redundancias y también fortalecerán las capacidades de control aduanero.
SEXTO. Se deben aplicar políticas de inversión controlada en los países de origen de los migrantes subsaharianos, supervisado por los parlamentos, europeo, español, supervisados por organismos internacionales, tendentes a frenar el éxodo por razones de pobreza. Acuerdos bilaterales en materia educativa y del fomento de la inversión en cooperativas de sus propios productos básicos para la exportación a la UE, potenciando el asentamiento de la población migratoria en sus propios países.
SÉPTIMO. Adecuación consecuente de la valla fronteriza como único medio de persuasión y la aplicación de controles humanos con personal especializado en ambos puntos de las fronteras terrestres, donde las policías de ambos países juegan un papel decisivo en la normalización del perímetro fronterizo.
OCTAVO. Inversión de la UE y España, en materia educativa y de formación profesional en las ciudades limítrofes con las ciudades de Ceuta y Melilla y zona del Rif, con intercambios de creación empleo y otras actividades culturales.
En definitiva, ARP desea contribuir a medidas reformistas y necesarias para ambas fronteras exteriores y las condiciones de los habitantes de zonas limítrofes, en el marco de unas mejoras laborales y jurídicas para los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en el desarrollo de sus funciones profesionales. Para ello demandamos del Ministerio del Interior y resto de formaciones políticas del parlamento español su adecuación a las normas de órdenes fronterizas de la Unión Europea y políticas de inversión de éstas.