La Junta de Andalucía y el Gobierno central buscan “todas las alternativas” para apoyar al sector de la aceituna negra española, en su mayoría andaluza, ante el “lamentable” cierre del mercado de Estados Unidos. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, tras el encuentro mantenido en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la cual ha insistido en que “no se descarta” ninguna medida en defensa del sector.
En el encuentro, Sánchez Haro ha trasladado a Planas la necesidad de que, junto a la Comisión Europea (CE), y una vez que el próximo 25 de julio se conozcan con exactitud los argumentos de la Comisión de Comercio Internacional norteamericana para mantener unos aranceles “injustos y desproporcionados”, se habiliten medidas que compensen a las empresas afectadas. En este sentido, ha recordado que estas compañías “se encuentran muy concentradas en unas pocas provincias y tienen una gran importancia en el empleo de las zonas rurales”.
Sánchez Haro ha insistido en que la decisión que eleva a definitivos los gravámenes del 34,75% (20% antidumping y 14,75 antisubvención) y refuerza así la agresividad proteccionista de la Administración de Donald Trump ha de tener una respuesta “contundente” de la Unión Europea (UE). Bruselas “debe poner en marcha todos los mecanismos que estén a su alcance para paliar el daño devastador que se va a ocasionar al sector de la aceituna negra de mesa”. No en vano, esta situación, que se alargará por un periodo de cinco años (prorrogables durante un lustro más) puede provocar unas pérdidas valoradas en 350 millones de euros (ampliables hasta los 700 millones de euros) y amenaza, por tanto, el futuro de un sector que genera más de dos millones de jornales y 8.000 puestos de trabajo.
El consejero ha aludido de nuevo a la “barbaridad” y el “sinsentido” de unos aranceles que, más allá de atacar a la aceituna negra española, “atentan contra las más básicas reglas del juego del mercado internacional”. Como ha subrayado, la medida cuestiona todo el sistema público de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), “avaladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como no distorsionadoras”. Por ello, y ante la amenaza de que pueda afectar a otros productos agroalimentarios que se exportan a Estados Unidos, es “imprescindible” una actuación firme por parte de la Comisión Europea. “No vamos a dejar de reclamarlo”, ha aseverado Rodrigo Sánchez, quien, en este sentido, exige que se eleve el caso a los órganos de arbitraje de la OMC. “La indefensión en todo el proceso ha sido absoluta”, ha concluido.
El rechazo, desde la óptica del responsable del Gobierno andaluz, que se reúne mañana en Sevilla con el vicepresidente y el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Francisco Javier Escalante y Antonio de Mora, “ha de ser total”. No cabe, a su juicio, otra reacción ante una “voracidad proteccionista” que “sólo penaliza a la aceituna española y no al resto de Estados miembro de la UE, que comparten las mismas ayudas agrícolas, ni a terceros países productores y exportadores a Estados Unidos”. Lo que hacen estas elevadas tasas, ha finalizado, es dar a las empresas californianas que iniciaron el proceso con sus denuncias “una injusta ventaja competitiva para acceder a ese 30% del mercado norteamericano que ocupa el sector andaluz”, una posición “ganada a pulso gracias a su experiencia, modernización y conocimiento de los gustos del consumidor”.
PAC
Sánchez Haro también ha defendido en su encuentro con Luis Planas la postura del Gobierno autonómico ante la futura Política Agrícola Común (PAC). En esta línea, comparte con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el objetivo de que la ficha financiera, como mínimo, mantenga el volumen económico de apoyo con el que cuenta hasta ahora en el presupuesto comunitario, pero con un matiz. Según ha expuesto, se debe procurar que los agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria de las diferentes comunidades no pierdan peso financiero y, “en el caso de los andaluces, además, que recuperen el nivel de ayudas anterior a la última reforma”.
