Izquierda Unida de la provincia de Almería ha participado activamente en tratar de mejorar la Ley de derechos y atención a personas con discapacidad en Andalucía, conjuntamente con colectivos, “para tratar de concretar en una ley que realmente sirva a las personas. Hemos trabajado focalizando en dos temas fundamentales: el tema que tiene que ver en una ley donde hay que hacer hincapié en igualdad de género, participación y contra la estabilidad presupuestaria y por otro lado en un tema muy concreto de la provincia que hemos conocido cuando estudiábamos esta ley y nuestras propuestas: el tema de Adrián, un niño con síndrome de Angelman al que la Junta quiere trasladar de centro para ahorrar, ya que sería el único alumno del aula especial en El Toyo”, ha informado la coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín.
“Se trata de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, y hay que trabajar por ello. Por eso hemos hecho enmiendas concretas, para que Adrián, Pedro o María, en cualquier punto de Andalucía, tengan derechos y por eso hemos incluido en el apartado de Educación hemos incluido en el art. 4 la atención a la segunda infancia y adolescencia, para dar continuidad a la atención infantil temprana, al conjunto de intervenciones planificadas hasta después de la adolescencia. Porque en el caso de Adrián, las atenciones que ha recibido en la infancia se cortan y eso es romper la continuidad. También lo hacemos a través de los art 15 y 16, en los apartados de inclusión. Hemos hecho aportaciones pensando en Andalucía pero también en personas concretas, en vecinos y vecinas de Almería”, sentencia Martín.
Por su parte, Concha Márquez, del área de Servicios Sociales de IU, detalló que “desde Huelva hasta Almería IU ha llevado el trabajo conjunto de casi cien enmiendas a 74 artículos que tiene el anteproyecto de la ley, y además hay dos añadidos: la protección jurídica a las personas con discapacidad, para garantizar la aplicación de la ley, y la inspección y el control del seguimiento del cumplimiento diario tanto de la normativa como de los recursos. La situación de la discapacidad ha pasado de la consideración al discapacitado en una visión médica a plantear que debemos cambiar a una visión social y poner en valor sus capacidades y hacer que el medio donde viven sea corresponsable con ellos”.
Para estas enmiendas “se han tenido en cuenta las aportaciones de colectivos, de afectados y sus familiares, de colegios profesionales y entidades como la Universidad, la ONCE, el defensor del Pueblo, la Fiscalía para discapacidades, etc. Casi una veintena de entidades que han analizado y estudiado que la ley adolece de temas preocupantes, e IU, haciéndose eco de sus aportaciones y sugerencias, las ha hecho suyas y ha considerado otras que los técnicos que trabajamos en esta área creemos que deben incluirse”.
Márquez ha manifestado que a IU le gustaría que este anteproyecto de ley “recogiera si no todas las propuestas sí las más importantes de esas casi cien enmiendas. Y que no curra lo que con la ley de Servicios Sociales, donde IU hizo un trabajo increíble para mejorarla y la Junta no lo tuvo en cuenta”.
Tras exponer este tema, Rosalía Martín abordó otros temas de actualidad en la provincia de Almería, “como lo mucho que deja que desear la Consejería de Educación, ya que este sábado tenemos tres movilizaciones en ese sentido: una por cierre del colegio Fenoy, en Albox, otro por un tema de acosos en Olula del Río y 8una tercer en apoyo a Adrián para que pueda continuar con su etapa escolar con sus compañeros. También hay un encuentro en Málaga convocado por el Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP) para llegar a un acuerdo social por la Educación pública en Andalucía”.
Se refirió además a la situación del Ferrocarril y a cómo “el propio alcalde de Almería ya da por sentado que en esta legislatura no va a haber nada. Hay que seguir trabajando con la Plataforma del ferrocarril y seguir reivindicándolo”.
Finalmente Rosalía Martín mostró la oposición de Izquierda Unida a que en la provincia de Almería se ponga en marcha un centro de internamiento, un CIE. “Nuestra política es contraria a ese tipo de centros: no podemos encerrar a la gente que viene a buscarse la vida, cuyo único deleito es haber tratado de escapar de la guerra o la pobreza y los recibimos con encarcelamiento por haber cometido un delito administrativo, como es no tener papeles. Nos mostramos contrarios a este tipo de centros, que vienen determinados por las políticas de migración del Gobierno del PP”.