El pasado 26 de abril, el portavoz de Izquierda Unida y candidato a la Alcaldía de Huércal de Almería, Antonio Juan Romero, solicitó por escrito a primera hora de la mañana la anulación de las Comisiones a celebrar posteriormente ese mismo día, así como del Pleno del 28 de abril.
Dicha solicitud, debería haber sido contestada a través de Resolución de Alcaldía en un plazo de 5 días. Sin embargo, y pese a que el Sr. Secretario ha manifestado ante las reiteradas peticiones de Izquierda Unida y por escrito, que el Informe jurídico que tiene que acompañar a esta Resolución fue elaborado el 29 de abril; hasta hoy no ha sido firmada por el Sr. Alcalde y notificada al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Qué quiere ocultar el Sr. alcalde? ¿Esa es su forma de actuar mediante el oscurantismo y el incumplimiento de la ley?
Algunos de los puntos del Pleno del pasado 28 de abril se retiraron por estar incompletos los expedientes, faltar documentación e informes que son necesarios, así como otras cuestiones. Aún más llamativo es el interés del alcalde y su Equipo de Gobierno para aprobar estos asuntos sobre diferentes acuerdos urbanísticos, expropiaciones y otros compromisos relativos a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andaráx, que muchos de ellos se habían sacado del pleno anterior del día 28 por no contar con la documentación y los informes legales necesarios; volviendo a convocar otro Pleno Extraordinario el 18 de mayo para aprobarlos, y que no se ha celebrado por que nuevamente los expedientes no estaban completos, faltaban informes, …etc.
Por ello Izquierda Unida se pregunta qué opinan el resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP, PSOE y VhA) puesto que hasta la fecha no se han posicionado públicamente sobre estos hechos. Más aún VhA, siendo socio de gobierno.
Lo sugerente es la “urgencia” de estos temas, concretamente cambios de la normativa urbanística y recalificación de diferentes terrenos no urbanizables, concretamente el SI-4, así como una expropiación urgente para actuar en la CN-340, pero no íntegramente, sino sólo en el margen derecho y precisamente junto a estos terrenos del SI-4. Formando parte todo ello de un convenio urbanístico aprobado, a pesar del informe de intervención que no dejaba muy clara la legalidad del mismo.
Desde el pasado 26 de abril Izquierda Unida ha puesto en manos de un gabinete jurídico todos estos hechos, y prevé iniciar acciones legales próximamente, remitiendo esta documentación a los Juzgados para que determine las medidas que sean necesarias.