Un mal en este país, está claro, son las políticas sobre seguridad ciudadana aprobadas sin consenso, un factor de riesgo para gobiernos, ciudadanía y para los funcionarios neutrales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en evitación de un uso partidista de las mismas.
Desde las primeras elecciones democráticas en España, año 1977, se han aprobado dos leyes vulgarmente conocidas como, Ley Corcuera (PSOE) “Patada a la Puerta”, y Ley Fernandez Diaz (PP) “Ley Mordaza”, siendo inevitable ir a una tercera, conforme se viene anunciando, por exigencias de una amplia mayoría de la ciudadanía, colectivos sociales y formaciones políticas.
A las convocatorias previstas para los próximos días organizadas por una asociación y sindicatos de la policía nacional y guardia civil en fechas distintas, no ha sido invitada la Agrupación Reformista de Policías, ARP, lo que de alguna forma supone una exclusión lamentable, debido a nuestra posición inequívoca de neutralidad política como servidores públicos, no exentos de opinión y denuncias como viene demostrando ante el actual ejecutivo y anteriores.
Mucho se pone en juego en estos momentos. La Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, están propiciando esta situación que facilita estas reacciones de miles de funcionarios, al desatender las demandas laborales, económicas y sociales de los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, inmersos en una profunda crisis institucional y sindical, sin paragón.
El sistema de representación sindical en estos cuerpos policiales anclado en un corporativismo rancio, alejado del resto del funcionariado sin derechos y deberes, al amparo de leyes concebidas para una policía nacional propia del siglo pasado, ha venido permitiendo a los gobiernos con mayorías absolutas cambios bruscos en el funcionamiento y objetivos de estas instituciones, en alguna ocasión, sancionada por el tribunal constitucional, por el componente irregular de unas normas, reprimiendo en algunas ocasiones a ciudadanos y actos cívicos o reivindicativos.
En la actualidad funcionarios cuando se exceden o son denunciados en el acatamiento de órdenes que comportan rechazo social y judicial, también son víctimas de esta ley a todas luces impropia para uno y para otros. De hecho a ARP, también se le ha tratado de la misma forma por alguna subdelegación del gobierno, a propuesta de un jefe policial, con lo cual, también hemos conocido una ley que debe ser derogada de forma consensuada por magistrados, profesionales de la seguridad, sindicatos y asociaciones policiales, colectivos de abogados, funcionarios de prisiones, colectivos universitarios, sindicatos de clase, formaciones políticas con voluntad negociadora, creando un espacio social donde tengamos cabida todos los que deseamos progresismo, respeto y libertad.
La ARP en su decidida apuesta por estos deseos y a través de su recién renovado órgano coordinador, anuncia que sus afiliados y simpatizantes como no puede ser de otra manera, serán informados, puedan expresarse en libertad sindical, conforme a nuestros principios democráticos de participación cívica.