El PSOE de Roquetas de Mar ha puesto en valor la inversión que la Junta de Andalucía realiza en el municipio en materia de políticas sociales y que anualmente supone el desembolso de casi 11 millones de euros. Según ha destacado el secretario general del PSOE de Roquetas, Manolo García, las mayores partidas que recibe Roquetas en este concepto se destinan a la atención de la dependencia, mayores y discapacidad, que juntas suponen una inversión en el municipio de 9 millones de euros.
El líder del PSOE roquetero ha recordado que la Administración andaluza es la que financia la mayor parte de los programas sociales que aplica el Ayuntamiento de Roquetas y la que mantiene los servicios sociales en el municipio. En este sentido, ha destacado que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales “realiza anualmente un esfuerzo económico muy importante para el mantenimiento de las políticas sociales en la localidad de Roquetas de Mar”, en la que residen 1.293 personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia, “lo que supone una inversión anual estimada de más de 5,5 millones de euros y permite sostener 177 puestos de trabajo”.
Además de las prestaciones económicas y el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, el Gobierno andaluz destina anualmente más de dos millones de euros para la atención de personas mayores y personas con discapacidad en los centros residenciales y las unidades de estancia diurna de Roquetas de Mar.
Financiación
“Estas cifras demuestran el gran esfuerzo y el compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a las personas más vulnerables y con el mantenimiento de los servicios sociales, un compromiso que se ha mantenido a pesar de los duros objetivos de déficit y de los recortes impuestos durante la etapa de gobierno del Partido Popular”, ha señalado García. El secretario general del PSOE de Roquetas ha recordado, en este punto, que ha sido la Junta de Andalucía la que ha sostenido a pulmón la dependencia en los últimos siete años, asumiendo hasta el 80% de su financiación, pese a que, por ley, los gobiernos autonómicos y el central debían aportar el 50%.
