Indalecio Gutiérrez, diputado nacional del PSOE y secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Almería
Los españoles asistimos a un momento histórico inédito en el que varios acontecimientos de impacto se han producido en muy poco tiempo: una pandemia, una crisis energética y una guerra a las puertas de Europa. Como vemos, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, está proporcionando a nuestro país la estabilidad que necesita y ha ido dando respuesta a muchos de los problemas que se han venido producido a lo largo de esta legislatura.
No en vano, vemos cómo el Gobierno está haciendo un reparto justo de las cargas económicas de esta crisis, frente a un Partido Popular que no colabora ni ofrece nada. El nuevo presidente del PP lleva como emblema tres asuntos para los que no encuentra solución: la corrupción, la bajada de impuestos y la ultraderecha. Recordemos que la dirección nacional del PP no ha dicho nada aún sobre la compra de mascarillas de Ayuso y Almeida, no ha explicado tampoco cómo va a bajar los impuestos sin torpedear la piedra angular de nuestro Estado del Bienestar, ni tampoco ha aclarado cómo va a resolver los problemas de identidad y gobernanza que les ocasiona la ultraderecha.
En lo que respecta a la extraña relación que el PP pretende mantener con los partidos de corte ultraderechista y franquista, los españoles debemos tener claro el panorama que se nos plantea: o hay gobierno de coalición de centro izquierdas liderado por el PSOE y Pedro Sánchez o gobernará la ultraderecha en coalición con el PP. Porque, ante las elecciones generales que se celebrarán a finales del 2023, agotada la legislatura, tal y como está previsto, todo apunta a que iremos hacia fórmulas de Gobierno de coalición y que la sociedad española seguirá jugándosela a una carta o el PSOE o la bestia, porque entre Feijoo y Abascal, tenemos bien claro quién va a marcar el rumbo.
Las fuerzas progresistas pensábamos que hacer un cordón sanitario a la ultraderecha era la solución, pero la realidad es que sigue creciendo, lo que confirma que esa medida por sí misma no vale. Situaciones como ésta, que se viven en el ámbito regional, como en Castilla-León, o internacional, como está sucediendo ahora mismo en Francia, deberían llevar a las sociedades democráticas a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el Pacto Keynesiano. Es preciso detenernos y recordar la importancia de redistribuir riqueza y bienestar de forma justa, pero hay que hacerlo poniendo especial atención a aquellos colectivos que actualmente se sienten excluidos de la sociedad del bienestar, de los que se nutre la bestia de la ultraderecha, manejados por quienes reaccionan de forma brutal a los cambios, ante el miedo a perder sus privilegios.
En Andalucía también nos enfrentamos a la misma situación. Si el PP no ha tenido inconveniente en llegar a ese pacto en Castilla y León, tampoco tendrá ningún problema en hacerlo en Andalucía y, si los números cuadran, tendremos consejeros ultraderechistas en Andalucía.
Los socialistas estamos dispuestos a luchar con honestidad frente a la ultraderecha, recordar el camino recorrido hasta llegar aquí, los valores que ellos representan, la importantísima merma a nuestra calidad democrática que supondría tenerlos en el Gobierno, pero vemos que el Partido Popular muestra reparos sólo de cara a la galería porque, a la hora de la verdad, no tiene ningún escrúpulo en llegar al poder a costa de lo que sea, poniendo en riesgo derechos y valores que los españoles hemos logrado para nuestra democracia con muchísimo esfuerzo, incluso a riesgo de ser engullido como partido por la ultraderecha.
Por eso, mediante un ejercicio de absoluta responsabilidad política e institucional, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha tendido nuevamente la mano del PSOE a Feijóo, garantizando el apoyo de nuestra formación a la gobernabilidad del país, si el PP renuncia a pactar con Vox en toda España porque estamos convencidos de que la ultraderecha acabará engulléndolos y ocasionará un grave un daño a los derechos y libertades de todos los españoles del que tardaremos en recuperarnos.
