Los socialistas exigen la dimisión de la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, por omitir garantías legales de contratación del personal de playas
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha manifestado que el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha publicado un Bando para informar de las medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta en las playas de Adra “una semana después de empezar la temporada de verano y un mes después de abrir las playas”. Lo que demuestra, según el PSOE, una “falta de organización y planificación que “pone en riesgo la salud de los abderitanos y abderitanas y generando, además, descontrol e inseguridad en nuestros vecinos”.
En el Pleno que se celebró el pasado 19 de junio, Manuel Cortés aprobaba y “alababa la chapuza” que ha llevado a cabo el Presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, con la contratación de los vigilantes de playas. “Una convocatoria que está totalmente fuera de los trámites lógicos de una convocatoria pública de empleo en la que deben seguirse una serie de requisitos y que no se entiende cómo en el proceso de selección ni si quiera hay una resolución de admitidos y excluídos, lo que deja en total desprotección jurídica a los solicitantes que no entienden el procedimiento llevado a cabo, ya que no se han tenido en cuenta ni capacidades, méritos, ni otros criterios lógicos en procesos públicos de empleo para dotar de las garantías necesarias”, han afirmado desde el Grupo Socialista.
Los 46 vigilantes contratados en el municipio de Adra se encuentran “totalmente desamparados, trabajando en condiciones infrahumanas, ya que no les permiten ni acceder a los módulos de salvamento que hay en las playas para poder ir al baño”. Para los socialistas, “el mismo descontrol de la Junta de Andalucía, hay en el Ayuntamiento de Adra, que desconoce todo lo relativo a este personal cuando están bajo control municipal”. Según el PSOE, la reunión de coordinación el pasado viernes tuvo como única consigna que “lo que importaba era la imagen de la Junta de Andalucía”.
Para el Grupo Socialista los casi 24 millones de euros debían haberse trasferido directamente a los ayuntamientos que “son los que mejor conocen las necesidades para poder hacer un plan de empleo acorde a la realidad y a las demandas tras la crisis del COVID-19”.
“Mintieron en el sueldo que cobrarían, mintieron a los miles de aspirantes a los que generaron ilusiones con la convocatoria de 24 horas a través de un correo electrónico al que nunca van a contestar y así se ha llevado a cabo la mayor chapuza en empleo público de la historia que el alcalde de Adra alababa por lo bien que lo han hecho dejando en la estocada a más de 3.000 parados de nuestro municipio mientras han venido trabajadores de otras provincias como Málaga, Jaén, Sevilla, Granada habiendo solicitudes de sobra del propio municipio”, han criticado los socialistas.
A esta situación de desorganización, se le suma los trabajadores municipales tanto de Policía, como Protección Civil a los que “ceden toda la responsabilidad de coordinación y dirección en estos servicios de playa y están totalmente desinformados de las labores y competencias de los controladores de playa a los que les exigen funciones de auxilio careciendo de formación para ello, ya que se había prometido una formación específica en la Escuela de Seguridad Pública Andaluza (ESPA) y lo único que han recibido fue una charla a la semana de empezar a trabajar por parte de los coordinadores provinciales dependientes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería”.
“Se citaba también que habría colaboración con el ayuntamiento y, en el pleno, el propio alcalde y la concejal de Playas aseguraron que desconocían todas circunstancias al respecto, que era la Junta la que se encargaba de todo. No ha habido firma del convenio prometido con los ayuntamientos y esta gran chapuza ha creado graves perjuicios para los miles de solicitantes de los puestos ofertados”.
Por todo esto, desde el PSOE de Adra exigen la dimisión de la Delegada del Gobierno en la Junta, Maribel Sánchez, que “ha obviado y omitido todas las garantías legales de contratación de este personal, así como los requisitos de riesgos laborales exigidos por ley para proteger a estos trabajadores. No se puede hacer una convocatoria pública de empleo saltándose todas las exigencias legales y dejando a los trabajadores totalmente desamparados”.
