El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Haro y la parlamentaria granadina María José Sánchez Rubio comparten con los trabajadores sus reivindicaciones de más personal para afrontar las necesidades de la crisis sanitaria y de su integración en el SAS
El PSOE de Andalucía ha mostrado su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de Emergencias 061 y Salud Responde en sus movilizaciones convocadas en toda la comunidad autónoma ante el maltrato y los incumplimientos del Gobierno andaluz, que lleva dos años sin ejecutar la incorporación a las plantillas al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que continúa sin reforzar ambos servicios con los medios humanos y técnicos necesarios por la pandemia de coronavirus.
Así lo ha asegurado el portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Haro, que junto a la parlamentaria granadina María José Sánchez Rubio ha acompañado a trabajadores y trabajadoras en su concentración a las puertas de la Cámara autonómica, mientras el portavoz socialista de Salud y Familias, Jesús María Ruiz, hacía lo propio en la protesta convocada en Córdoba.
Sánchez Haro y Sánchez Rubio han reiterado el respaldo expresado en su día por la presidenta y secretaria general del PSOE, Susana Díaz, a las reivindicaciones de estos colectivos, que llevan demasiado tiempo denunciando la grave falta de personal en el 061 y Salud Responde para atender en condiciones el espectacular aluvión de llamadas y requerimientos de atención sanitaria derivados de la crisis sanitaria del Covid-19.
Desde el Grupo Socialista se comparte, igualmente, el rechazo de las plantillas de estos servicios a las instrucciones impuestas de la Junta para cumplir un tiempo máximo de llamada y no dar citas presenciales para el médico de familia, más cuando buena parte de los centros de salud continúan cerrados a la atención médica.
Sánchez Haro y Sánchez Rubio han recordado que el Gobierno de la Junta está obligado a la integración de las plantillas de 061 y Salud Responde en el SAS por mandato parlamentario, en función de la moción socialista aprobada en la Cámara cuyo plazo de cumplimiento acaba en mayo próximo, sin que el Ejecutivo de Moreno Bonilla haya hecho algún avance al respecto.
