La Secretaría de Estado de Política Territorial (Ministerio de Política y Función Pública) ha acordado la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales que se vieron afectadas por los temporales de 2017 y que en Almería ascenderá a un total de 848.073,76 €.
Las ayudas que se conceden ahora, con un montante total de 26.450.080,45 € a repartir entre 11 provincias de 6 comunidades autónomas, responden a las solicitudes planteadas por los municipios que sufrieron desperfectos en infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal por fuertes lluvias e inundaciones en el último trimestre del año pasado.
Las subvenciones se conceden también para la reparación de redes viarias de la Diputación provincial que resultaron dañadas a consecuencia de catástrofes naturales, según establece la Orden HAP (Hacienda y Administración Pública) 196/2015 de 21 de enero.
Para hacer frente a los gastos originados para la asignación de estas subvenciones, tras la valoración de los daños, se aprobó un crédito extraordinario con cargo al Fondo de Contingencia, incorporándose posteriormente dicho crédito al ejercicio 2018, mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
En Almería, los municipios que recibirán estas ayudas son los de Tahal (13.680€), Padules (21.846 €), Vícar (49.750 €), Bacares (89.070 €), Paterna del Río (14.881 €), Fondón (20.849 €), Arboleas (267.936 €), Níjar (23.928 €), Los Gallardos (65.134 €), Beires (2.240 €), Alhabia (26.680 €), Bédar (20.342 €), Tabernas (36.427 €), Zurgena (52.321 €), Lúcar (4.332 €) y Sierro (24.937 €), además de la Diputación provincial, que recibirá un total de 113.710 €.
El Ministerio ha excluido a los municipios de Taberno, Fiñana, Alhabia y Almócita de las subvenciones por, en algunos casos, no ajustarse los gastos del proyecto a las ayudas previstas en la Orden HAP 196/2015, por tratarse de proyectos no incluidos como susceptibles de percibir subvención en otros, o por no aportar la documentación requerida o no ser la entidad solicitante la titular del bien sobre el que se ejecutará la obra.
