Como ha denunciado públicamente ARP, su Coordinador General, el Oficial D. Luis Miguel Lorente, viene siendo víctima de lo que consideramos una estrategia de desprestigio y defenestración profesional, en represalia por sus críticas a la gestión del anterior Jefe Provincial de Alicante, el Comisario Principal Alfonso Cid Alguacil. Trama que entendemos que habría sido instigada por determinados mandos policiales que no aceptan la existencia de voces propias y diferentes como la nuestra en el Cuerpo Nacional de Policía.
Dicha campaña se ha instrumentalizado mediante la apertura contra él de hasta cuatro procedimientos disciplinarios, todos ellos iniciados desde la Unidad de Régimen Disciplinario de la Comisaría Provincial de Alicante, por orden del anterior Jefe Provincial, bien directamente o bien a través de Informaciones Reservadas.
En dos de ellos, además, se ha pretendido causar el mayor daño personal y profesional posible a nuestro Coordinador General, imputándole una supuesta responsabilidad penal por graves delitos basados en unos hechos que se han demostrado inexistentes.
El primero de ellos, relacionado con un operativo internacional conjunto de Italia, Albania y España, cooperando Policía Nacional y Guardia Civil que tuvo como exitoso resultado la detención del máximo responsable de la más peligrosa y relevante organización criminal albanesa, también con conexiones de su actividad criminal en Bélgica y Holanda. El detenido fugitivo era considerado en ese momento uno de los más peligrosos delincuentes internacionales europeos y su organización era acusada y en algunos casos ya condenada por asesinato, narcotráfico, tortura, proxenetismo, producción y posesión ilegal de armas, extorsión, amaños de partidos de fútbol y falsificación de documentos. Pues en el procedimiento que se instó por parte de la Unidad de Régimen Disciplinario de Alicante para acusar de manera falsaria a nuestro Coordinador General, se le llegó a imputar la presunta comisión nada menos que de los presuntos delitos de coacciones, tortura o contra la integridad moral, detención ilegal y falsificación documental. Y no solo eso, sino que acusó abiertamente a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinientes en el operativo de haber falseado el atestado, incluso poniendo en tela de juicio la actuación del Letrado de la Administración de Justicia, representante relevante del Poder Judicial.
Dándose traslado incluso a la Fiscalía Provincial de Alicante de una Nota Interior suscrita por el Sr. Cid Alguacil, con el objetivo de que el Fiscal formulase denuncia contra nuestro Coordinador General.
Denuncia que la Fiscalía Provincial de Alicante archivó de forma contundente, por considerar que las imputaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Alicante no se sostenían.
Cerrada de esta forma la vía penal contra nuestro Coordinador General en este asunto, en el ámbito disciplinario, una vez que llegó a Madrid la Información Reservada ordenada contra él por el Sr. Cid Alguacil y tramitada en Alicante, el Instructor tomó declaración hasta a una decena de testigos de los hechos, no sólo del Cuerpo Nacional de Policía, sino también Guardias Civiles. Testigos todos que desmontaron una por una las mentiras vertidas desde la Comisaría de Alicante contra nuestro Coordinador General, y que confirmaron los argumentos de nuestro Gabinete Jurídico. La consecuencia: la propuesta inmediata del Instructor de archivo del procedimiento disciplinario por no ser cierto ni uno solo de los hechos imputados al Coordinador General de ARP, y el Decreto de archivo del Director General de la Policía por inexistencia de infracción disciplinaria.
El segundo de los procedimientos disciplinarios abiertos contra nuestro Coordinador General desde Alicante, en el que también se le ha querido perjudicar penalmente, se inició directamente por denuncia del entonces Jefe Provincial de Alicante. El Sr. Cid Alguacil, no contento con abrir un cuarto expediente a nuestro Coordinador General, interpuso querella contra él ante los Juzgados de Instrucción de Alicante, imputándole presuntos delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos.
El Sr. Cid, en su querella, decía que nuestro Coordinador General habría accedido irregularmente a la base de datos de SIDENPOL para consultar un atestado tramitado por una denuncia formulada por el Sr. Cid Alguacil cuando era Jefe Provincial de Guadalajara, y después había facilitado esa denuncia a un medio de comunicación, realizando supuestas declaraciones injuriosas y calumniosas contra el propio Sr. Cid.
En este asunto, el pasado 27 de enero ha sido dictado Auto de Sobreseimiento por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante, con archivo de las actuaciones, por considerar probado de forma tajante que nuestro Coordinador General no accedió a ese atestado y, por tanto, no pudo cometer delito alguno, como no se ha probado ni la injuria ni la calumnia contra el Sr. Cid. Y lo más grave es que la falta de acceso a ese atestado por parte de nuestro Coordinador General ha sido demostrada por la propia Dirección General de la Policía, mediante la relación de accesos registrados a SIDENPOL.
En ambos procedimientos, por tanto, las imputaciones vertidas contra nuestro Coordinador General por parte del anterior Jefe Provincial y la Unidad de Régimen Disciplinario de Alicante, han sido tan burdas que han bastado la toma de declaración de testigos y el propio registro informático de SIDENPOL para desmontarlas y demostrar su falsedad.
Ahora bien, que haya tenido un recorrido tan corto la torpeza de quienes han querido dañar personal y profesionalmente a nuestro Coordinador General con acusaciones infundadas, y por extensión a ARP y a todos sus afiliados y afiliadas, no significa que no hayan conseguido su dañino objetivo.
Más allá del deterioro que han causado en su salud durante meses al Sr. Lorente, nos han sometido a base de falacias a un escarnio dentro y fuera del Cuerpo, cuyas graves consecuencias son irreparables. Incluyendo una influencia directa en los resultados de las pasadas elecciones al Consejo de Policía. Y, ¿por qué no decirlo? El prolongado y ya insostenible silencio del actual Jefe Provincial de Alicante, no restituyendo a nuestro representante y compañero a su situación profesional previa los ataques recibidos ante las evidencias de que por parte de la anterior dirección de la Comisaría Provincial se habría iniciado una inaceptable caza de brujas contra el Sr. Lorente.
Todo ello no obstante, los archivos de los expedientes abiertos contra nuestro Coordinador General y la constatación por la Justicia de que las acusaciones no son ciertas, nos dan fuerzas renovadas para continuar con nuestra labor y nuestra voz crítica.
No nos han callado y no nos callarán, y ARP está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para que se restablezca el honor de nuestro Coordinador General y, por extensión, de todos los que formamos ARP.