CSIF, primer sindicato de la justicia andaluza, confía en que el nuevo consejero de Justicia, que está integrada en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, agilice la administración judicial tal y como se merece la ciudadanía andaluza.
En este sentido, el sector de justicia del sindicato espera que la Junta de Andalucía logre tener una administración judicial bien dimensionada, que evite procedimientos eternos y años de espera para la resolución de los conflictos, que siempre son ocasionados por la falta de recursos humanos y materiales así como por la dispersión de las infraestructuras judiciales.
Para el sector Justicia de CSIF, “el nuevo consejero deberá luchar y apostar porque la consideración de Servicio Público Esencial de la justicia cale en el Ejecutivo andaluz, pues sin más medios, sin que se destinen una mayor parte de los presupuestos para Justicia, será imposible alcanzar una administración judicial digna”.
Según explican desde el sindicato, “los funcionarios y funcionarias de Justicia andaluces, coincidiendo con los recortes en personal y medios, vieron cómo se multiplicaban por dos los procedimientos judiciales y que sólo gracias a su profesionalidad y compromiso evitaron el colapso. Por ello, debemos tener plantillas adecuadas para el número de procedimientos y no podemos tolerar ratios superiores a los establecidos, dado que Andalucía cuenta con una de las tasas de pendencia más altas del territorio nacional, necesitamos eliminar la dispersión de los órganos judiciales y la implantación total y de manera paulatina de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal (NOJyF) en toda Andalucía”.
Por último, destacan que “las ciudades de la Justicia de Cádiz, Sevilla, Huelva o Jaén han de ser prioritarias en esta legislatura, porque no podemos aceptar que los usuarios recorran el largo y el ancho de toda una ciudad para llevar a cabo sus trámites judiciales. Asimismo, la administración debe responder de forma rápida y responsable ante cualquier denuncia que nuestros delegados de Prevención planteen a los comités de salud sectoriales, pues no se puede jugar con la integridad física ni psíquica de los funcionarios y funcionarias de la justicia andaluza”.