El 28 de mayo 2020, la referida Sala de lo Contencioso, emitió sentencia 1011/2020, cuyo Procedimiento Ordinario 711/2018, versa sobre el reconocimiento a una afiliada de la Agrupación Reformista de Policías, destinada en la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, al estar realizando desde el año 2011, funciones propias del puesto de Especialista Policía Científica, sin recibir las cantidades reconocidas en el Catálogo de Puesto de Trabajo del Cuerpo de Policía Nacional, como el resto de funcionarios en labores propias del destino.
Tras varios requerimientos de dicho Tribunal, a la Dirección General de la Policía, para cumplirla, y habiendo presentado varios escritos por parte de esta organización sindical, a través de su Gabinete Jurídico, para que se apliquen las oportunas medidas coercitivas, el TSJ acuerda el pasado 298 de marzo del presente mes de marzo, que, ante los incumplimientos reiterados de la DGP, se requiere nuevamente para que, en 10 días, “proceda comunicar a esta Sala el nombre y cargo del responsable de la falta de ejecución de la Sentencia dictada, para requerir personalmente para que proceda al inmediato cumplimiento y para que haga alegaciones sobre el retraso”. Con apercibimiento de que se le podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, así como deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Y añade que, si no designase nombre y apellidos de la autoridad responsable de la ejecución, se entenderá como responsable al jefe de la División de Personal, Área de Retribuciones de la Dirección General de la Policía.
El déficit organizativo de la DGP, el lamentable Catálogo de Puestos de Trabajo, el exceso de horarios en la jornada laboral, una mala organización a nivel nacional, y obliga a ARP, acudir con denuncias a los tribunales de justicia, si bien, como hoy denunciamos, la diligencia de ordenación judicial es un mal ejemplo para el conjunto del colectivo, para la sociedad en general, al comprobar que se está desoyendo a un órgano judicial.
La Agrupación Reformista de Policías, como no podía ser de otra manera, procederá al final de los diez días requeridos, a facilitar nombre y apellidos del cargo policial que viene tratando de reconocer, fotografía de éste si es preciso, para que se ponga fin de forma urgente, esta desobediencia continuada de la administración policial.
Desde esta organización estamos ofreciendo seriedad y compromiso de trabajo al Ministerio del Interior, y comprobamos que no podemos admitir la condescendencia e ineficacia de algunos mandos policiales, como viene sucediendo en la Dirección General de la Policía, lo que viene a confirmar las necesidades urgentes de reformas en la Institución Policial.
Instamos al Ministro del Interior, tome cartas en el asunto y cese de inmediato esta situación grave de desacato a la justicia, aplicando con la misma celeridad que en días anteriores en otro lamentable caso de trascendencia pública, el cese de funciones al cargo policial, que “busca” la Sala Séptima de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,