Podría haber citado expresamente mi nombre y no haberlo hecho de manera impersonal, en la seguridad de que yo no le hubiera llevado al Juzgado y de que no me hubiere dado protagonismo ya que a mí el protagonismo me lo dan los lectores, porque resulta cierto la alusión ya que fui el periodista que por primera vez se hizo eco de la Resolución de la Alcaldía de Mojácar prohibiendo oír la radio en la Casa Consistorial durante la jornada laboral.
Una decisión de la Alcaldesa a la que sirve el Sr. Medina que ha dado la vuelta a España por su peculiaridad, y que firmé porque la sociedad local era un hervidero de rumores sobre la dantesca situación que acababa de producirse en el seno de su Ayuntamiento. Y a tenor de la resonancia que ha tenido la noticia que transmití parece que no fui mal encaminado profesionalmente, al menos eso debe reconocérseme.
No es mi intención generar una controversia, sino tan solo surge esta reflexión como una aclaración a una concepción, desde mi punto de vista, errática y exponente de unos personajes políticos en una localidad que ha sido un referente turístico internacional.
Me llama poderosamente la atención que un responsable político, que se autoatribuye un nivel cultural universitario ligado a una disciplina económica, defina un Ayuntamiento como una empresa, como un centro lucrativo y por consiguiente en el que el toma y el daca, o el intercambio necesario, se venga produciendo en una Casa Consistorial. Debo entender que el edil Medina ha tenido un lapsus porque no de ninguna manera se debe observar tal aseveración como una traición del subconsciente, tan cuanto más agravado por su supuesta cualificación profesional que es lo que más eleva el grado del desatino.
Por esa formación universitaria que se atribuye el edil es por lo que más me confunde, toda vez que la equidistancia entre una empresa, por pública que fuere, y una Administración Pública es notoria, y ese error, desde mi punto de vista, conceptual le coloca en un espacio híbrido entre idealista y realista de difícil asunción.
Pero el trasfondo que motiva esta reflexión es la actitud de los responsables gubernamentales de Mojácar al prohibir oír la radio en la Casa Consistorial, según el edil Medina porque se escuchaba música tecno e impedía el ejercicio profesional de los Empleados Públicos. Y ni corta ni perezosa, la Alcaldesa, con el absoluto respaldo del edil Medina, dictó una Resolución prohibiendo sintonizar las emisoras de radio en la Casa Consistorial, lo que entraña una actitud en unos irresponsables políticos en la que no deberían reflejarse ninguna persona con responsabilidad gubernamental.
La explicación del portavoz municipal agrava el comportamiento de la Alcaldesa al prohibir sintonizar emisoras de radio en la Casa Consistorial, y la sobredimensiona porque supone además un acto de discriminación que solo recuerdo haber vivido de cerca en los estertores del Régimen de Franco cuando un compañero de curso pasó una semana en la prisión provincial de Granada por escuchar Radio Pirenaica.
Si la sintonización de la emisora radiofónica con música tecno se hubiese producido, lo que no pongo en duda, y molestase al resto de personas, lo que hubiese procedido es, como mínimo, haberle llamado la atención y a buen seguro que lo hubiese entendido y por consiguiente cesado en esta actividad extra-laboral, pero en modo alguno hacerlo de manera generalizada, repito, si ello fuese la causa, que yo sigo sin creérmela por mucho que se insista en que lo es. Acabar con todos los perros porque en uno se haya detectado la rabia es poco razonable y menos inteligente, por supuesto que la humanidad no tiene cabida.
Y como no me creo que la Alcaldesa y su edil sean tan escasamente razonables y tan tercos, aunque sí que sean dictadores y embusteros compulsivos, es por lo que insisto, una vez más, en que la única razón que motivó la prohibición de oír la radio en la Casa Consistorial de Mojácar fue para que no escuchasen las críticas que se vierten hacia Rosmary Cano en una emisora de la zona. En consecuencia, debe imperar el raciocinio, el respeto mutuo y las elementales normas en una comunidad, y por ellas es por las que debe ejercitar la acción gubernamental.