El próximo 10 de noviembre CCOO se movilizará para exigir que se recuperen los derechos arrebatados a las empleadas y los empleados públicos y garantizar el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad.
Con estas movilizaciones, CCOO quiere reivindicar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Función Pública con el objetivo de lograr la negociación de un tercer acuerdo bianual de legislatura con asuntos pendientes. Entre ellos, el sindicato ha apuntado el mantenimiento del poder adquisitivo, la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, y el desarrollo del EBEP (carrera y promoción profesional) entre otros. “Son materias que afectan directamente a la negociación actual de los Presupuestos Generales del Estado para 2022”.
En este sentido, desde el área pública de CCOO Almería como primer sindicato andaluz, representados a nivel local por José de Haro, Juan Pallares y Trinidad Garrido, Secretarios/as Generales de FSC, Enseñanza y Sanidad, respectivamente han señalado que “el próximo 10 de noviembre saldremos todas las delegadas y delegados de CCOO a la calle para concentrarnos en las distintas delegaciones del gobierno en Andalucía para exigir al Gobierno Central que devuelva a las trabajadoras y trabajadores públicos los derechos que les fueron arrebatados con la anterior crisis financiera, así como reivindicar el aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación”.
Antonio Valdivieso, secretario general de CCOO Almería, destaca que “desde el Área Pública de CCOO se valora que el Gobierno atendiese nuestras demandas y que haya aprobado por Real Decreto Ley los incrementos retributivos de las empleadas y empleados públicos. Sin embargo, exigimos su cumplimiento, desarrollo y mejora en un tercer acuerdo que garantice la recuperación de los derechos arrebatados a más de tres millones de personas del sector público, con la excusa de la crisis económica”.
Del mismo modo, los/as Secretarios/as Generales del área pública, recuerdan que “debemos, por un lado, recuperar el empleo público perdido, y por otro, acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, hecho de imperiosa necesidad ya que hay una gran cantidad de personal funcionario cuya edad está muy próxima a la jubilación. Eso, sin duda, pone en cuestión la continuidad de la prestación de los servicios públicos con eficacia, calidad y universalidad”.
Igualmente, CCOO defiende que se agilicen los procesos para garantizar la reducción de la temporalidad del 24% al 8% en todo el sector público, (acuerdo de finales de 2020), con las máximas garantías jurídicas. Según explica el sindicato “los procesos deben contemplar no sólo los puestos considerados estructurales sino todos aquellos cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etcétera”.
En cuanto a la negociación de los fondos adicionales, que son parte de las retribuciones y por tanto de obligado cumplimiento, la responsable de Pública de CCOO, ha explicado que “deben verse incrementados para reducir o eliminar la brecha salarial de género, así como contemplar las partidas suficientes que den respuesta a las justas demandas para, entre otros, acometer las deficiencias y adaptaciones en la relación de puestos de trabajo, carrera profesional, cualificación y clasificación profesional, valoración de puestos de trabajo, que deben trasladarse, a su vez, a los convenios colectivos y/o acuerdos.”
Desde CCOO recordamos que los servicios públicos están residenciados en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la protección de las personas a través de políticas de seguridad pública y de infraestructuras que faciliten la movilidad. Deben primar transportes en régimen concesional regulado, la atención de las instituciones en la gestión de las necesidades administrativas, del ejercicio de acceso a la justicia, de la protección de sus derechos democráticos; así como disponer del control del agua como un bien universal, del derecho a la información veraz a través de medios de comunicación públicos, del acceso a la cultura, o, la garantía de extensión de la digitalización, especialmente en el mundo rural o zonas más deprimidas.
CCOO reivindica, de este modo, que España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis “para ir acercándonos a los países de nuestro entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la crisis ha puesto en riesgo, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros”.