La portavoz de Igualdad en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, denuncia que este cambio “perjudica a los miles de usuarios los servicios sociales” y lamenta que lo único que pretende el Gobierno de Moreno Bonilla es “ocultar la pésima gestión que están realizando ya que en ocho meses sólo han sido atendidas por dependencia 650 personas en Andalucía”.
La portavoz de Igualdad en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha lamentado el “nuevo ataque a los ayuntamientos” que ha aprobado el Gobierno de Moreno Bonilla “al vaciar otra vez de contenido los servicios sociales y la dependencia”, ahora mediante un “decreto-Ley que elimina la obligación legal por la que los ayuntamientos inician el procedimiento y elaboran el Plan Individual de Atención (PIA) en la Ley de Dependencia, una vez que se establece que las personas tienen derecho, evitando la atención a la dependencia en el nivel más próximo a las personas, allí donde hay un profesional de referencia que conoce su situación socio familiar” ha explicado Pérez.
Según ha explicado la portavoz socialista estamos ante un “un nuevo cambio de la Ley Servicios Sociales de Andalucía” que hacen “saltándose el debate en el Parlamento andaluz y la opinión de todos los grupos políticos” y poder así “imponer por decreto, sin transparencia y sin consenso una ley que fue aprobada por la inmensa mayoría de la cámara”. “El Gobierno andaluz ha decidido unilateralmente, a golpe de un nuevo decretazo, cambiar la ley para quitarle a los ayuntamientos sus competencias en materia de dependencia” ha lamentado Pérez.
La portavoz socialista ha lamentado que “este cambio va a perjudicar a los miles de usuarios de estos servicios” y ha criticado que lo único que pretende el Gobierno de Moreno Bonilla es “ocultar la pésima gestión que están realizando desde la Junta de Andalucía, llevando a la ruina a la sanidad, la educación públicas y la atención a los más desfavorecidos”. “Los datos de la gestión del Gobierno de PP y CS son demoledores, únicamente ha sido atendidas 650 personas en ocho meses, la dependencia está totalmente congelada” ha lamentado Pérez.
Así, ha recordado que “63.923 personas esperan ya valoradas a recibir una prestación y 47.862 si siquiera han sido valoradas lo que hace un total de 112.000 personas en lista de espera, con la paradoja de que en enero eran 130.000, porque la Junta de Andalucía solo reduce la lista de espera por fallecimiento de las personas, sin más recursos ni más financiación”. “Ahora con mentiras y engaños dicen que agilizarán el procedimiento cuando en realidad quieren evitar tener testigos incomodos de lo que está ocurriendo, por eso quieren quitar a los trabajadores sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones que atienden a los municipios de menos de 20.000 habitantes, la tramitación de las solicitudes y el PIA” ha explicado Pérez por lo que de esta forma “todo el sistema recaerá en una Junta de Andalucía bloqueada y colapsada, que solo anuncia planes de choque fantasmas que no obtienen ningún resultado positivo” ha concluido.