El Grupo Municipal Popular ha denunciado hoy el incumplimiento de la normativa europea, por parte de la Junta de Andalucía, de las obligaciones en cuanto a la protección del medio ambiente, así como la pérdida de la oportunidad de crear puestos de trabajo por la falta de inversiones a través del dinero recaudado con el canon autonómico de depuración de aguas.
El concejal de Servicios Municipales, Juan José Alonso, proponente de la moción que el Partido Popular elevará a pleno mañana en este sentido, ha explicado que “en Almería capital, el importe recaudado por la Junta de Andalucía en concepto de canon por depuración de aguas, a diciembre de 2016, alcanza la cifra de 10.881.919 euros”. Según Alonso “esta cantidad es consecuencia del pago trimestral de tres euros que cada uno de los 99.000 usuarios tributamos en nuestra factura de agua y que, de acuerdo con la propia Ley aprobada por la Junta 9/2010, de 22 de julio, de Aguas de Andalucía, debieran financiar las infraestructuras hidráulicas del cualquier naturaleza que se incluyan dentro del ciclo integral del agua de uso urbano”.
Sin embargo, según Alonso, este impuesto que vienen pagando los ciudadanos desde 2011, que grava la utilización del agua de uso urbano, “hasta ahora no ha revertido en la realización de las obras necesarias para el cumplimiento de los fines legalmente establecidos”.
“Lo que queremos saber con la moción que nuestro grupo eleva mañana al pleno, y esperando el apoyo del resto de grupos de la corporación, es qué está haciendo la Junta con el dinero de los almerienses y en qué los está gastando”, ha requerido Alonso.
Según el edil popular, ese dinero recaudado por la Junta debe reportarse para la financiación de la construcción, puesta en marcha y funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas de depuración necesarias, entre las que se encontrarían “el nuevo digestor del Bobar, la ampliación de la EDAR Cabo de Gata, el saneamiento y depuración en la Almadraba de Monteleva, la ampliación de emisarios de Ebar o los emisarios pluviales en la playa de El Zapillo”, ha propuesto.
Centros Concertados
Además de esta petición, el Grupo Municipal Popular elevará a Pleno otra moción, en este caso, en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas, instando a la Junta de Andalucía “a mantener el número de plazas concertadas, alejando cualquier incertidumbre y miedo en los centros concertados, a sus profesionales y familias que escogen estos centros paras sus hijos, respecto de una decisión de estas características”, ha explicado la concejala de Educación del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella. La moción advierte que “acabar con la educación concertada en Andalucía – recordando el anuncio de la Consejera de Educación de que no se realizarían nuevos conciertos y de los que ya existen seguirán aquellos en los que las unidades sean estrictamente necesarias – elimina el derecho y la garantía que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho garantizado en la Constitución, además de generar un problema donde jamás lo ha habido”.
Martínez Labella ha exigido que “no se lleven a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017-2018 ni en cursos sucesivos así como proceder a la modificación de los decretos que regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y que viene a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación”.