La portavoz socialista de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, Inés Plaza, ha subrayado que la aprobación por parte del Gobierno, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia viene a consolidar los derechos de los menores. El Gobierno socialista ya aprobó en febrero de 2019 la Ley de protección del Menor pero la disolución de las Cortes impidió su trámite final. Ahora, el nuevo anteproyecto será remitido a las Cortes Generales.
Plaza, senadora por Almería, ha destacado que con la nueva ley se reforzarán las actuaciones de sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia en todos los ámbitos, como el familiar, el educativo, en redes sociales o en el deporte, con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia dotados presupuestariamente y que prioricen a los colectivos más vulnerables.
Una de las novedades de esta normativa es que ampliará el plazo de prescripción del delito de abuso a menores, que empezará a contar desde los 30 años de la víctima y no desde los 18, como marca la norma vigente. De esta forma, los delitos prescribirán entre 5 y 15 años después, dependiendo de la gravedad del caso. Además, la nueva ley incluye la creación de la figura del “coordinador de bienestar y protección” en los centros escolares.
Inés Plaza ha recalcado que proteger y consolidar los derechos de los niños y las niñas siempre ha sido una constante en el programa electoral del PSOE y ha añadido que esta ley “es fundamental para detectar los abusos a niños y niñas y para ponerles remedio”.
Como ha explicado la portavoz socialista en la materia, “esta ley garantizará a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo, a una atención integral (incluida la atención terapéutica) y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas de delitos violentos graves”.
Plaza ha recordado que, según un informe de Save the Children, uno de cada cuatro niños ha sido víctima de algún tipo de violencia y ha concluido señalando que “es necesario poner al servicio de la infancia víctima de violencia mecanismos de denuncia y reparación de los daños”.
